México cuenta con una forma de gobierno democrática, lo que significa que el poder le pertenece al pueblo, quien tiene la facultad de elegir a sus gobernantes, para que éstos lo representen en la toma de decisiones, es decir los gobernantes son el canal de la expresión de las demandas sociales para así lograr el bien común.

Por su parte, los gobernantes deben ejercer su poder en beneficio del interés general del pueblo; por lo que la administración pública la deben ejercer con honestidad, responsabilidad y transparencia, asimismo deben rendir cuentas tanto de sus acciones en el poder así como de la administración de los recursos públicos; asumiendo que en caso de incumplimiento serán sujetos a responsabilidades administrativas, políticas y jurídicas, ya sea por desvío o por negligencia en la gestión del poder y del erario público.

Una vez sentado lo anterior, queda más que evidenciado que el papel de los gobernantes, debe ser impecable y honorable, ya que, al haber sido seleccionados como servidores públicos, deben precisamente servir y trabajar para el pueblo, pues la propia sociedad depositó su confianza en los mismos para gestionar los asuntos políticos, económicos y sociales del país; aunado a que la retribución económica por su encargo público es pagado por la sociedad misma; por lo que no solo adquieren un compromiso y responsabilidad con el Estado, sino con la ciudadanía en general, por lo que debe prevalecer un compromiso moral y ético en su encargo a fin de satisfacer las demandas y necesidades sociales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el ordenamiento jurídico que nos rige, en su artículo 108, considera como servidores públicos a los funcionarios, empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal y local; así como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía.

Los servidores públicos mexicanos se enfrentan a muchos retos, entre ellos el no caer en la tentación de las prácticas corruptas; la corrupción ha existido desde siempre y en todos los ámbitos de la vida, es un fenómeno mundial característico de la mayoría de los países; es una enfermedad dentro de las sociedades y muchas veces es difícil detenerla debido a que los sistemas políticos, económicos, sociales y culturales se corrompen y de cierta forma se normaliza dicha situación, convirtiéndose en un círculo vicioso interminable.

La palabra corrupción, significa “acción y efecto de corromper”. Por su parte el verbo corromper significa “alterar y trastocar la forma de algo”, “echar a perder, depravar, dañar, pudrir”, “sobornar a alguien con dádivas o de otra manera”, “pervertir o seducir a alguien”. En ese sentido podríamos señalar que el término corrupción se refiere a cualquier actividad a través de la cual intencionalmente se altera y trastoca la forma y el objeto de una cosa, de un procedimiento o de una relación, a cambio de la promesa u obtención de beneficios recíprocos entre sus protagonistas.

La corrupción que realizan los servidores públicos surge cuando éstos deciden aprovecharse de su poder, facultades y atribuciones para beneficiarse o generar ventajas indebidas de alguna situación, ya sea económica, política o jurídica, generando un perjuicio en el interés tanto de la sociedad como de los propios gobiernos, ya que se antepone el interés personal sobre el colectivo.

La corrupción por parte de los servidores públicos genera confusión, incertidumbre, anarquía, desconfianza, lentitud en los servicios, reduce la competitividad, derroche de recursos, desaprovechamiento y perdida del patrimonio, injusticia, violaciones a los derechos humanos, tráfico de influencias, malversación, desvío de recursos públicos, nepotismo, entre otros muchos factores negativos que afectan y vulneran el bienestar social.

La corrupción en la función pública sin lugar a dudas es una forma de vulnerar la dignidad del Estado, los derechos humanos y los valores democráticos del país, lo que pone en duda la democracia mexicana, ya que genera pobreza y desigualdad en la sociedad e impide que se alcance el objetivo de la misma, es decir el desarrollo y el bien común; generando así falta de credibilidad y legitimidad en los gobiernos, desgastando la confianza en las instituciones.

En los últimos años, han surgido varias reformas legales a fin de combatir, prevenir, investigar y castigar la corrupción, la legislación vigente que la regula, la encontramos en los siguientes ordenamientos jurídicos:

• - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en sus artículos 109, 110, 111, 112 y 114, establece entre otras, los tipos de responsabilidad en la que pueden incurrir los servidores públicos, clasificándola en responsabilidad administrativa, política, penal y civil. Por su parte el artículo 113 fue reformado e incorporó la creación, en el año 2015, del Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
• - Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el año 2016, de observancia general en todo el territorio nacional, la cual tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• - Ley General de Responsabilidades Administrativas, expedida en el año 2016, de observancia general para toda la república, misma que regula la obligación de los entes públicos en crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado y la actuación ética y responsable de cada servidor público. Asimismo, establece los principios que rigen a los servidores públicos en el desempeño de su cargo, tales como la disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. Esta ley establece las sanciones, los procedimientos y las autoridades competentes relativas a las faltas administrativas no graves y graves de los servidores públicos. Determina los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y crea las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. Siendo las autoridades resolutorias las Unidades de Responsabilidades Administrativas, los Órganos Internos de Control; así como el Tribunal de Justicia Administrativa competente de la Federación y de cada estado.
• - Código Penal Federal, en su Título Décimo del Libro Segundo, tipifica los delitos por hechos de corrupción, comprendidos del artículo 212 al 224, siendo los siguientes: ejercicio ilícito del servidor público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, cohecho a servidores públicos extranjeros, peculado y enriquecimiento ilícito. Siendo la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, la encargada de la investigación y persecución de dichos delitos. Tratándose de servidores públicos estatales, cada estado aplicará su legislación penal vigente.

Por su parte en el marco internacional, México ha suscrito y ratificado instrumentos internacionales, tales como:

• - Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), en la que se establece la obligación de garantizar la existencia de órganos especializados en la lucha contra la corrupción.
• - Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que promueve y fortalece el desarrollo de los Estados para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.
• - Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que estima punible a cualquier persona que intencionalmente ofrezca, prometa o efectúe un pago indebido u otra ventaja, sea directamente o a través de intermediario, a un servidor público extranjero en su beneficio o en el de un tercero, a fin de que ese funcionario actúe o deje de hacer, en cumplimiento de sus deberes oficiales, con el propósito de obtener o mantener un negocio o cualquiera otra ventaja indebida, en la realización de negocios internacionales.

Si bien es cierto, independientemente de que exista un marco jurídico que busca regular, sancionar y prevenir los actos de corrupción, no menos cierto es que el conjunto de normas y controles no garantizan que el servidor público actúe de forma correcta. La corrupción se produce cuando el servidor público decide realizar una acción deshonesta, en ese sentido podríamos afirmar que ser corrupto es una decisión.

Los servidores públicos tienen una ardua tarea, ya que su actuar no solo debe ajustarse a lo que el ordenamiento jurídico les atribuye a su cargo; sino que deben conducirse con rectitud, satisfaciendo en todo momento el interés superior de las necesidades colectivas; brindar a las personas el mismo trato; tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva; actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultado y metas institucionales; administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido así como desempeñarse con responsabilidad y objetividad de acuerdo a sus facultades y obligaciones.

Como se advierte con antelación, su función y responsabilidad va más allá de sus conocimientos y habilidades, tiene que ver a su vez, con cuestiones de ética y moralidad; en ese sentido podríamos afirmar que una de las alternativas para aminorar y controlar la corrupción, consiste precisamente en reeducar y educar a los servidores públicos de todas las jerarquías, a fin de que sirvan correctamente y honradamente a la comunidad; el buen servidor público no se hace solo, sino que debe ser formado, capacitado y actualizado de forma permanente a fin de que asuma la responsabilidad social que tiene frente a la comunidad.

Asimismo, a través de la sensibilización, de generar una cultura y conciencia ética, basada en valores y principios democráticos, lograremos que todas aquellas personas que ocupan un cargo público, actúen íntegramente, con honestidad, eficiencia, objetividad, anteponiendo los interese propios para así velar por los intereses colectivos y lograr con ello elevar la calidad de la administración pública en la gestión de los asuntos que atañen al país.

Los códigos de ética emitidos por las instituciones, son una forma de promover e incitar que en el actuar de los servidores públicos impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño y comportamiento a la armonía y el bien común.

En virtud de lo anterior, es importante entender que la “ética” es una disciplina filosófica que estudia la conducta humana y su relación con el bien y el mal, lo debido y lo indebido, lo conveniente o lo que es nocivo al ser humano; realiza un análisis de la sociedad y establece como deberían actuar o comportarse los individuos que la conforman. La ética observa los preceptos de moral, deber y virtud que guían y orientan el comportamiento humano hacia el bien, la libertad y la justicia.

La ética comprende ciertos principios, valores y virtudes, que debería tener y practicar el ser humano, dentro de los cuales podemos mencionar la prudencia, la honestidad, la responsabilidad, la fortaleza, la templanza, la justicia, la solidaridad, la autenticidad, la fidelidad, la bondad, el agradecimiento, la libertad, la amistad, la belleza, la paz, la integridad y el respeto, entre otros muchos; el propósito de la ética es alcanzar la felicidad individual y de la sociedad en general a través del ser ético.

Cuando la ética es aplicada y puesta en práctica en el ámbito público se denomina “ética pública”, la cual ofrece al servidor público un conocimiento que le permite actuar correctamente en cada situación, lo auxilia respecto a lo que es conveniente o nocivo para la colectividad.

Podemos concluir que la ética pública es un mecanismo para controlar y frenar la arbitrariedad en el uso del poder público y a su vez es un componente para crear y mantener confianza en las instituciones públicas, siendo una clave para el reconocimiento de un buen gobierno.

Como sociedad debemos retomar y comprometernos en ser ciudadanos éticos y practicar e impulsar los valores democráticos, tales como libertad, justicia, fraternidad, igualdad, participación, pluralismo, tolerancia, solidad, respeto dialogo; siendo una tarea de todos, cuyo beneficio será para todos; comenzando en un plano individual, en nuestras interacciones y relaciones cotidianas; para que después se traslade a lo colectivo y por ende a nuestros gobernantes y funcionarios públicos; y solo así podamos vivir en sociedades conformadas por individuos íntegros y honestos.

Es importante que como como sociedad fomentemos a su vez, la cultura de la denuncia y exigir que las arbitrariedades de los servidores públicos no queden impunes y sean castigadas, de esta forma el sistema político se ira depurando de las conductas antijurídicas.

Por otra parte, es indispensable la correcta selección de los servidores públicos; que sean personas que muestren una actitud positiva, abierta y flexible, con disposición al servicio y a la cooperación, capaces, leales y con amplio sentido de justicia para su comunidad; así como también se debe fomentar constantemente dentro de las mismas instituciones y su personal, el espíritu del servicio a la ciudadanía, el cual debe orientarse hacia el bien común y la correcta gestión de los asuntos públicos; el buen servir es clave para frenar la corrupción.

Si no frenamos la corrupción al interior de los gobiernos y las administraciones públicas, la injusticia y la desigualdad social seguirá en aumento, originando un mayor descontento y apatía por parte de la ciudadanía. Practiquemos el valor de la ética en nuestro día a día, a fin de que se refleje en resultados palpables en nuestro entorno y convivencia como sociedad, y tal vez así podamos contribuir a la eliminación de la corrupción.