Desde su origen, México es un Estado heterogéneo, generado a partir de la mezcla de distintas manifestaciones culturales. Ya sea por su conformación poblacional, la interrelación entre sus habitantes, sus intercambios comerciales, las prácticas religiosas, los usos y costumbres, por mencionar solo algunos factores; nos dejan ver que la diversidad es un signo característico que coexiste dentro de un territorio común.

El artículo primero de nuestra carta magna garantiza que “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”.

Sin embargo, en la práctica queda manifiesto que existen grupos que sufren distinción, exclusión o restricción basada en su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil; estableciéndose como grupos minoritarios.

Por principio, resulta fundamental establecer la noción de minoría. En palabras del investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Doctor Dr. Jorge Ulises Carmona Tinoco, no se trata únicamente de una diferencia numérica lo que establece la condición minoritaria, sino que hay que tomar en cuenta los criterios:

• • Inferioridad numérica.
• • Posición no dominante: si el grupo no cuenta con representación equitativa en los órganos de administración, decisión o solución de conflictos; en la toma de decisiones.
• • La limitación a etnia, religión y lengua.
• • La conciencia o voluntad colectiva.

Hablando de la minoría predominante en nuestro país, en cifras arrojadas por el Censo de Población y Vivienda del 2010, 15.7 millones se consideran indígenas. Siendo en este grupo donde se concentran el mayor número de violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mostró que casi cuatro de cada diez miembros de un grupo étnico consideran que no tienen las mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo; tres de cada diez consideran que no las tienen para recibir apoyos del gobierno y uno de cada cuatro dijo no tenerlas para acceder a servicios de salud o educación.

En tal escenario, se han implementado acciones como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que entró en vigor el 12 de junio de 2003. Con esto, la Conapred obtuvo la facultad para conocer las quejas motivadas por actos discriminatorios cometidos no sólo por servidores públicos sino también por particulares. Además de implementar acciones y políticas públicas encaminadas a advertir y eliminar la discriminación.

Así, los individuos cuentan con tres mecanismos para salvaguardar sus derechos: las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Conapred así como el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, con el que puede impugnar la constitucionalidad de leyes que resulten discriminatorias.

No obstante, no se trata del único grupo que enfrentan problemáticas por su condición. Entre algunos de los retos más importantes que enfrenta nuestro país en materia de inclusión a las minorías están:

• • Igualdad entre hombres y mujeres. Este aspecto requiere esfuerzos en diferentes ámbitos. En materia laboral, cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2008 publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), demostraron que solo el 42% de las mujeres participaban en el trabajo extradoméstico, mientras que los hombres lo hacían en un 78%. Esta cifra se dispara cuando se trata de analizar la participación femenina en operación de maquinaria, en la que los hombres ocupan el 99.6%; o en el rubro de protección y vigilancia, en el que son relegadas al 8.6%. en salarios también persiste una brecha significativa. Se estima que por 55.4 horas de trabajo a la semana, los varones reciben 18.2 pesos por hora. En tanto, las féminas cubren una jornada de 66.3 horas y obtiene sólo 16.7 pesos.
• • Homofobia. Se trata de una problemática que abarca desde la ridiculización y en casos llega hasta la violencia o el homicidio. La Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, elaborada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en 2005, dio a conocer que para el 94.7% de los homosexuales, existe discriminación en su contra. El 42.8% declaró haber sido víctima de actos discriminatorios en el último año y el 40.1% padeció los mismos actos pero en su centro de trabajo. En materia de violencia, la Comisión Ciudadana Contra los Crímenes de Odio por Homofobia, en su reporte de 2007 documentó 3 homicidios mensuales a personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero. En el periodo 1995 a 2007, de los 464 crímenes de odio por homofobia, 445 fueron cometidos contra hombres y 18 contra mujeres.
• • Pueblos indígenas. En este rubro, la Encuesta Nacional sobre Discriminación dio a conocer que de cada 10 miembros de un grupo étnico, 9 opinaron que se les discrimina por su condición. El 90.3% consideró tener menos oportunidades para conseguir empleo; el 75% estimaron enfrentar dificultades para acceder a la educación. El 45% afirmó que no le fueron respetados sus derechos por el hecho de ser indígena.

Si bien el tema abarca muchísimos aspectos más y nos deja en claro que, en materia de igualdad, discriminación y tolerancia en México aún existe un largo camino por recorrer, las oportunidades de solución son igualmente numerosas. En este sentido resulta de vital importancia que salvaguardando las identidades y diferencias, los diferentes grupos se asuman como componentes de un todo que requiere cohesión a fin de encontrar su óptimo funcionamiento en materia de igualdad, tolerancia y convivencia.

Y transpolar los esfuerzos realizados por los diferentes órdenes de gobierno, a la práctica cotidiana, a los usos sociales y que las características de cada grupo no representen un factor de desigualdad o menoscabo de la dignidad humana.